Resumen: La invocada presunción de inocencia entraña el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas y que, por lo tanto, toda sentencia condenatoria debe expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de responsabilidad penal, debiendo apoyarse tal sustento en verdaderos actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución, practicados normalmente en el acto del juicio oral, salvo las excepciones constitucionalmente admisibles, valorados conforme a las reglas de la lógica y la experiencia y expresado ello en la motivación oportuna. Por tanto, "sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" . Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional vienen reiterando que cuando se alega vulneración del citado principio, corresponde comprobar la existencia de prueba de cargo que sea objetivamente lícita practicada con observancia de los requisitos legales condicionantes de su validez procesal y bajo los principios de contradicción e inmediación, y de contenido incriminador como prueba de cargo.
Resumen: La Sala descarta la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y confirma la condena del recurrente, en cuyo poder se intervinieron varias dosis de cocaína destinadas al tráfico. En la sentencia se incluyen extensas y pormenorizadas referencias a la jurisprudencia del TS sobre la prueba del elemento subjetivo de la infracción (intención de traficar) y las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas, que no concurren en el caso examinado.
Resumen: ERTE Covid art. 23.1 del RD ley 8/2020. Se solicita que se declare la caducidad del expediente de regulación temporal de empleo de reducción de jornada por causas económicas, técnicas, productivas y organizativas, y en todo caso la nulidad de dicho expediente, así como de todas las reducciones de jornada comunicadas y demás decisiones adoptadas en su aplicación del expediente, con devolución de los salarios dejados de percibir por la aplicación de la medida. Falta de comunicación en forma a la Comisión representativa de los trabajadores de la decisión final que genera una situación de inseguridad jurídica no sólo para la RLT, sino para los propios trabajadores que desconocen hasta donde llega la capacidad de la empresa para suspender sus contratos o incluso modificar sus condiciones de trabajo, y por ello, hemos de considerar caducado el procedimiento y nula cualquier decisión que traiga causa del misma.
